Por fin es oficial. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la Orden de 11 de mayo de 2025, mediante la cual se regula el procedimiento para la acreditación de la competencia digital docente en la comunidad andaluza. Se trata de una medida largamente esperada por el profesorado y que, sin duda, representa un paso decisivo hacia una escuela más conectada, inclusiva y alineada con los retos del presente.
Esta orden, promovida por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, establece las bases para que docentes en activo —ya sea en centros públicos o concertados— puedan acreditar de forma oficial su nivel de competencia digital, desde A1 hasta C2. La novedad es que podrán hacerlo no solo mediante formación certificada, sino también a través de pruebas específicas, análisis de evidencias, observación del desempeño e incluso por desempeño de roles específicos. Todo ello en sintonía con el marco DigCompEdu y con las directrices estatales más recientes.
Lo que hasta ahora era un esfuerzo individual —cursos, formación no siempre reconocida, autoevaluación— se convierte así en un proceso estructurado, objetivo y, sobre todo, valorado. Porque la transformación digital del sistema educativo no puede depender únicamente de la buena voluntad del profesorado. Hace falta reconocimiento institucional, respaldo normativo y rutas claras. Esta orden lo hace posible.
Para quienes trabajan cada día en las aulas andaluzas, este anuncio supone mucho más que un mero trámite burocrático: es el reconocimiento explícito de su implicación en la renovación pedagógica, el esfuerzo silencioso por adaptarse a nuevas herramientas, la voluntad de acompañar al alumnado en el uso seguro, crítico y creativo de la tecnología.
Además, el procedimiento será plenamente electrónico, accesible a través del portal de la Consejería, y contará con convocatorias periódicas. También se establece un sistema de inscripción en el Registro de Formación Permanente del Profesorado, lo que dará una mayor visibilidad y transparencia a todo el proceso.
Desde el punto de vista institucional, esta medida cumple con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad. Y desde el punto de vista humano y profesional, llega como un espaldarazo moral a tantas y tantos docentes que llevan años abriendo camino en lo digital, muchas veces sin más recompensa que su propio compromiso con la educación.
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